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Para el año 1870, la realidad venezolana era bastante crítica en lo que se refería a la educación. Las guerras por el poder habían ocupado la mayor parte de las acciones políticas, dejando de lado el desarrollo nacional. En aquellos días, Guzmán Blanco promueve el decreto 1723 sobre la «Instrucción primaria pública, gratuita y obligatoria». Este decreto se vio rodeado de una serie de dificultades como la infraestructura inadecuada e insuficiente, pocos profesores, problemas económicos y la resistencia política y religiosa.
Antecedentes
Desde los inicios de la República de Venezuela se contempló la educación como un factor de gran importancia. En la constitución de 1811, en el capítulo IX, artículo 200, se habla de la responsabilidad de las provincias sobre el proceso educativo de sus ciudadanos y se promueve a la construcción de escuelas, colegios y academias con el fin de que los ciudadanos aprendieran sobre religión, moral, política, artes y ciencias.
Aquel que alguna vez fue el guía académico y doctrinal del Libertador, Simón Rodríguez, planteó una serie de elementos sobre la educación que se mantuvieron en la conciencia de muchos de los venezolanos que ejercieron los altos cargos, contando entre ellos los guzmancistas. Para él, el Estado debía ser el administrador de las políticas de la educación y esta debía llegar a la mayoría de la población. El Libertador se influenció en Rodríguez y se expresó sobre ello en el Congreso de Angostura en el año 1819:
«La educación ciudadana debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república; moral y luces son nuestras primeras necesidades»
Mientras que sobre la función del Estado dijo:
José María Vargas, luego de renunciar a la presidencia, bajo el mandato de Soublete, intenta proyectar la educación, defendiendo que la República debe tener «…una escuela elemental, básica gratuita y obligatoria”. El informe que Vargas da sobre el estado de la educación para entonces mostraba un panorama muy deprimente, porque de las 537 parroquias existentes, 416 no tenían infraestructura alguna para dar la instrucción primaria y las restantes no estaban adecuadas para ello.
Para 1843, según Bonilla, solo «existían en el país 377 planteles con 11.929 inscritos… uno de cada 114 niños recibía educación».
Sin embargo, con Juan Crisóstomo Falcón se empiezan a dar avances, ya con un decreto que dice: «La libertad de enseñanza será protegida en toda su extensión. El poder público queda obligado a estar gratuitamente en la educación primaria de artes y oficios».
Juan Bautista Dalla-Costa, hijo, antes que Guzmán Blanco, realizó una circular en donde en el Estado de Guayana se obligaba a dar educación gratuita y obligatoria a todos sus ciudadanos.
El decreto de Guzmán Blanco
«La instrucción pública en Venezuela es de dos especies: obligatoria o necesaria, y libre o voluntaria».
Martín Sanabria fue el autor y ejecutor del decreto, anunciado el 27 de junio de 1870, sobre enseñanza primaria pública, obligatoria y gratuita. Sanabria mantuvo amistad y correspondencia, al igual que Aníbal Dominicci, con Guzmán Blanco, incluso en sus últimos años, por lo que era alguien cercano a él y formó parte de ese círculo que buscó la transformación de la República.
Dicho decreto incluía a toda la sociedad venezolana, sin ningún tipo de discriminación social, racial o de género:
«La instrucción obligatoria es aquella que la ley exige a todos los venezolanos de ambos sexos, y los poderes públicos están en el deber de dar gratuita y preferentemente. Comprende por ahora los principios generales de moral, la lectura y la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el sistema métrico y el Compendio de la Constitución federal»
Este decreto iba dirigido a la educación primaria, que era la que había sido más ignorada durante los gobiernos anteriores expresando que: «La instrucción obligatoria hace parte de la primaria». La educación, que en el Gobierno Federal, correspondía a cada provincia su dirección, pasó a ser responsabilidad del gobierno central, ya que cada una de ellas no podía costearla.
Para Martín Sanabria, autor del decreto, la familia formaba una parte fundamental en la educación y la incluye dentro del sistema que se estaba formando, creando el deber de formar cada hijo:
«Todo padre, madre, tutor o persona a cuyo cargo esté un niño o niña mayor de siete años y menor de edad, está obligado a enseñarle los conocimientos necesarios o pagar un maestro que les enseñe, y en caso de no poder hacer ni una ni otra cosa, deberá mandarlo a la escuela pública del lugar»
También se toma en cuenta a los adultos en la instrucción primaria, ya que había una alta tasa de población analfabeta, ergo, esta indica que «Las escuelas primarias de adultos pueden ser dominicales y nocturnas».
Se busca estimular a los profesores con beneficios, haciendo atractiva a la profesión. Para ello se ofrecieron ingresos extraordinarios a aquellos profesores que enseñaran al mayor número de alumnos al año y se les otorgaría una pensión a aquellos que «enseñen por quince años consecutivos las primeras letras en las escuelas de la Nación» y tendrían «una pensión igual al sueldo que disfrutaba y que se pagará de las rentas de instrucción primaria».
Por la débil situación económica, se establece una estrategia para poder financiar el nuevo sistema educativo, siendo este «un impuesto nacional sobre la circulación de los valores en la forma que se expresará; y su producto íntegro se destina a la fundación y sostenimiento de escuelas primarias».
En lo administrativo se creó una Dirección Nacional de Instrucción Primaria con juntas seccionales en los estados de la Unión, para poder expandir el proceso educativo en toda la nación.
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Fuentes
Polanco Alcántara. Biografía de Guzmán Blanco. Abreu, Alirio. Decreto de instrucción Pública, gratuita y obligatoria de Antonio Guzmán Blanco. Un referente histórico-educativo. Bolívar, Simón. Discurso de Angostura.
